LAS ORDENANZAS
El título primero, Disposiciones Generales, comprende los artículos que definen el objeto de las ordenanzas y aquellas normas que son generales, como la declaración de interés prioritario a las acciones encaminadas a la reducción del número de aprovechamientos de agua.
El título segundo, Zonificación , se circunscribe a la definición de las zonas, sectores y áreas en la que se ha discretizado la isla en cumplimiento del apartado 31 del articulo 38 de la Ley de Aguas, con el fin de mantener unidades que permitan la adopción de las medidas administrativas que coadyuguen a la consecución de los objetivos del Plan Hidrológico. Se ha dividido la isla atendiendo fundamentalmente a sus características fisiográficas, a la geología superficial y subterránea, a la localización de las captaciones de agua subterránea, a los aprovechamientos de agua superficial, a la situación de los cultivos bajo riego, a los asentamientos poblacionales, etc., tal y como se explica en la Documenta ción Complementaria editada. El resultado final es la desagregación en tres zonas, diecisiete sectores y treinta y tres áreas. Figura 1.- Zonificación Hidrológica

El título tercero, Recursos Superficiales , se divide en dos capítulos: el primero acerca de los cauces y el segundo de los aprovechamientos de aguas superficiales.

En relación con los cauces se repite la definición que de ellos se da en la Ley de Aguas así como de las zonas de servidumbre y de policía. Se precisa el concepto de avenida ordinaria a efectos del deslinde administrativo del dominio PúBLICO hidráulico, considerándose como tal la correspondiente a un período de retorno de 100 años, sin considerar el efecto de embalses o aprovechamientos. En relación con el aprovechamiento de los áridos de los cauces públicos, se definen las zonas donde solamente se puede extraer una cuantía mínima de 5.000 m³ y se supone la condición de que cualquier autorización lleva aparejada la necesidad de la adopción de medidas que minoren el impacto sobre el medio físico. Por último, se hacen precisiones acerca de las condiciones que se han de cumplir en las ocupaciones del dominio público, con un fin social antes que particular; su duración, 25 años prorrogables, y cálculos necesarios para el dimensionamiento de las obras de protección o, en general, de las obras en los cauces públicos.

En relación con los aprovechamientos de aguas superficiales se plantean dos líneas de actuación: por un lado la definición, de una vez, de las obras necesarias para el máximo aprovechamiento de las aguas superficiales en cada cuenca, mediante embalses y tomaderos; y por otro lado, incentivar los tomaderos en aquellas zonas no cubiertas por algún embalse, ya que este tipo de obra no puede ser atendido por la Administración. Es de señalar que el aprovechamiento de las aguas superficiales es una práctica habitual, que va desde los aljibes domiciliarios para aprovechar el agua de la lluvia que cae sobre el tejado, hasta la escorrentía de un camino o de la cuneta de una vía publica. Por ello, se producen a veces situaciones conflictivas entre aprovechamientos tradicionales y aprovechamientos legalizados. Se prevé que no sea necesario título administrativo para los aprovechamientos inferiores a 500 m³ anuales. Sin embargo, se considera pequeño aprovechamiento de aguas superficiales en el sentido estricto de la Ley de Aguas, a aquellos inferiores a 1.500 m³ anuales, se dispone la obligación de facilitar los datos de aprovechamiento de las aguas públicas superficiales y su control mediante contador.

Por último, se hace la precisión técnica de que se deben dimensionar los aprovechamientos como obras de captación de avenidas y no como derivaciones de un caudal continuo.

El título cuarto, Aguas Subterráneas , define los instrumentos que han de servir para la adopción de medidas que permitan disminuir la sobreexplotación del acuífero siempre que existan aportaciones alternativas para el uso existente, de acuerdo con los principios que inspiran esta planificación. Por ello se dictan normas, declarando las áreas que se deben someter a vigilancia especial y otras donde se determinan las zonas de recarga preferente.

Es notorio que el volumen de extracción anual es superior al de los recursos renovables, pero, aún así, se ha dispuesto no declarar inmediatamente zonas sobreexplotadas, ya que se considera que el agua que se extrae es necesaria para las actividades económicas y, por consiguiente, restringir la extracción significa restringir dichas actividades; pero, mientras no se disponga de agua de otras procedencias, se quiere contar con la información suficiente para que se puedan adoptar en su momento las medidas locales necesarias.

Por otra parte, la declaración de zonas de recarga preferente, donde no se autorizarán nuevas concesiones, como su nombre indica tiene como objeto el favorecer la recuperación del acuífero. La determinación de dichas zonas obedece a dos razones: la primera, porque es donde se produce la mayor pluviosidad y la segunda, porque la recuperación en zonas altas con aguas de mejor calidad, dada la supuesta dirección radial del flujo subterráneo, tiene un efecto multiplicador en las captaciones situadas aguas abajo.

Otras ordenanzas se refieren a condiciones para nuevas concesiones, siendo de destacar la que prohibe realizar cualquier actuación en aquellas captaciones que presentan un contenido en cloruros superior a los seiscientos miligramos por litro, o en las que se haya constatado un aumento de dicho ión. Esta decisión se adopta ya que, si existen cloruros en esa proporción o aumenta es un índice de que se está produciendo una mezcla con agua de mar.

La ordenanza que indica que podrá exigirse una explotación coordinada, consorciada o común, en aquellas explotaciones que se afecten, no es más que reconocer que si existen casos en que esta situación se da, la solución para que no se realicen inversiones estériles pasa por una explotación común.

Con la definición como pequeño aprovechamiento, de aquellas captaciones con un volumen extraído inferior a 1.500 m³/año y una profundidad menor de veinticinco metros, se pretende que sea aplicable solamente a una situación de autoconsumo doméstico.

Son de destacar las Normas para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, las normas reguladoras de la protección de la calidad de las aguas y las normas reguladoras de la medición de caudales y otros datos que sustituyen a las Normas provisionales recogidas en el Decreto 152/1990, de 31 de julio, y el Decreto 186/1990, de 5 de septiembre.

Por último, la ordenanza que prevé un Plan Especial de Ordenación del agua Subterránea en el área baja correspondiente a la Aldea de San Nicolás, tiene como objeto regular una zona donde existen más de quinientos pequeños aprovechamientos.

Las ordenanzas correspondientes al título quinto, La Protección del Dominio Público Hidráulico , en relación con la depuración y los vertidos, recoge varias ordenanzas significativas. Entre ellas, destaca la prohibición de la construcción y funcionamiento de pozos negros y fosas sépticas cuando exista una red de saneamiento, dándose un plazo de un año para la adecuación a esta ordenanza de las viviendas construidas. Se ha adoptado esta ordenanza por dos motivos: uno, el aumento de los recursos disponibles de agua depurada y otro, evitar la contaminación del acuífero. Las limitaciones a los vertidos, tanto al suelo como a la red de alcantarillado, a las que hacen alusión otras ordenanzas de este título, son imprescindibles para que la depuración sea factible. También se considera la reutilización y las condiciones de su concesión ya que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacional son de dominio público.

Las ordenanzas correspondientes al título sexto, se refieren a la Desalación . Entre ellas, destaca la que se refiere a las características del agua producto destinada al abastecimiento urbano y turístico. Tiene por objeto garantizar una calidad del agua adecuada para su posterior reutilización en la agricultura, después de depurada. La norma que limita la desalación de aguas salobres a las alumbradas sobre el nivel del mar, pretende no favorecer la utilización de aguas intrusionadas.


El título séptimo se refiere a Depósitos de Almacenamiento y Regulación

El título octavo referente al Abastecimiento y Saneamiento entre otras consideraciones acerca de la necesidad de controlar el origen del agua destinada al abastecimiento, crea un registro de empresas de abastecimiento urbano y turístico con el fin de garantizar un suministro adecuado en calidad y en cantidad. Tanto en los proyectos de abastecimiento como en los de saneamientos se impone la supervisión técnica del Consejo para su adecuación al Planeamiento Hidrológico.

El título noveno regula la Participación en el Aprovechamiento y Gestión de las Aguas , es decir las Comunidades de Usuarios y de Regantes con especial mención a las que constituidas al amparo de la Ley de Auxilios de 1956 liguen efectivamente el agua a la tierra en cultivo.

El título décimo, Infracciones y Sanciones , desarrolla lo dispuesto en la legislación actual.